En España no es obligatorio utilizar el casco cuando se usa la bicicleta para moverse en ciudad. Así lo indica la recién estrenada Ley de Tráfico, que entró en vigor el pasado 9 de mayo. A pesar de los intentos de la Dirección General de Tráfico (DGT) de imponer su uso obligatorio en el ámbito urbano —por vías interurbanas se debe utilizar desde hace años—, la rebelión social de los ciclistas obligó a su directora, María Seguí, a replantearse la normativa.

La obligación en España se convirtió, junto con el aumento de velocidad a 130 kilómetros por hora, en una de las medidas más polémicas de la Ley de Tráfico. Finalmente, y a la espera del desarrollo del Reglamento de Circulación, solamente los menores de 16 años deben de usar el casco siempre que se monten en una bicicleta.
“Se impone el casco a los menores, cuando en realidad se dejaba abierta la puerta a la DGT y al Ministerio de Interior para que, vía reglamentaria, dicha norma se amplíe a todas las edades”, opinaba Manuel Martín, expresidente de ConBici (Coordinadora en defensa de la bicicleta), que aglutina a más de 50 asociaciones probicicleta, en referencia al texto aprobado por la DGT. La directora Seguí, sin embargo, ha asegurado que no va a insistir más en la obligatoriedad.

“Parecía que la DGT estuviera peleando por los intereses de la industria automovilística y de las aseguradoras”, se quejaba desde la organización, que considera que la obligatoriedad aumenta la inseguridad ciclista. “Transmite la idea de que pedalear es mucho más peligroso de lo que realmente es”, dice Joan Valls, secretario técnico de la Red de Ciudades por la Bicicleta. La razón: la primera consecuencia del casco obligatorio se traduce en un descenso del número de ciclistas urbanos. Y al disminuir el número de ciclistas en una ciudad, aumenta su inseguridad. Estas conclusiones se basan en la experiencia australiana, país que junto a Nueva Zelanda, obliga al uso del casco en todo su territorio. En varios estados de Estados Unidos también se requiere su uso para circular mientras que en los países europeos, los más ciclistas del mundo, la obligatoriedad no se contempla. Israel y México impusieron su uso para, poco después, retirar la obligación.

Mientras la directora Seguí defendía la inclusión de los ciclistas en la Ley, los colectivos de pedaleantes denunciaban que la DGT estaba realizando el trabajo sucio para las aseguradoras. “Querían imponer el casco para que las aseguradoras pudieran tener argumentos legales con los que responsabilizar al ciclista en caso de accidente. De este modo es más fácil defender a un conductor de automóvil, sus principales clientes”, asegura un activista que prefiere mantenerse en el anonimato. “El último objetivo: lograr disminuir las cuantías de las indemnizaciones”, añade. La obligatoriedad nunca se aprobó. Por ahora, para circular en bicicleta por ciudad la ley solo exige luces, timbre y respetar las normas.
Fuente: EL PAÍS.